Un grupo de treinta familias inquilinas se organiza para denunciar una práctica que llaman 'perfil fantasma' usada por el gigante inmobiliario Vivenio en Barcelona y varias localidades cercanas. La estrategia, según los afectados, consiste en no renovar contratos y reubicar a los inquilinos para luego alquilar esos pisos a través de Airbnb con nombres comerciales que ocultan la verdadera identidad del propietario.
El descubrimiento inesperado
Todo empezó con una pareja estadounidense que se alojaba en un piso en Sant Cugat del Vallès. Contaron a Diana Virgós, una inquilina afectada, que habían reservado ese alojamiento por Airbnb, y que previamente había sido desalojado de sus habitantes normales. Diana, junto con otros vecinos, inició una investigación que detectó que Vivenio utiliza otra marca, "Exclusive Living", para poner estos pisos en alquiler temporal sin reconocer su relación con este nombre.
Contratos no renovados y burofaxos de desahucio
Los inquilinos han recibido al menos 11 cartas formales (burofaxos) donde se les informa que sus contratos no serán renovados y que deben abandonar las viviendas. A pesar de que han solicitado prórrogas según la legislación vigente sobre alquileres, Vivenio no ha respondido ni a peticiones individuales ni colectivas hasta ahora.
Precios por las nubes y posibles irregularidades
Los anuncios que aparecen en Airbnb muestran que los precios de alquiler temporal exceden ampliamente los límites establecidos por la regulación catalana, con algunos pisos ofertados a más del doble del precio máximo permitido. Además, un caso especialmente llamativo es un edificio de vivienda protegida en Sant Adrià del Besòs donde también se preparan desahucios, a pesar de que la protección debería durar hasta 2098.
A la espera de respuestas
Las familias esperan frenar los desahucios y que las autoridades investiguen estas prácticas, que también incluirían cláusulas abusivas y deficiente mantenimiento de los inmuebles. Por ahora, Vivenio no ha respondido a las preguntas y la Generalitat tampoco se ha pronunciado sobre la situación.
Este caso pone en entredicho la gestión de viviendas protegidas en manos privadas y la tolerancia con empresas que buscan evadir regulaciones mediante alquileres temporales no autorizados.
El Sindicato de Inquilinos advierte que si la administración actúa igual que en casos anteriores, podría ocurrir una inspección apresurada justo antes de un desahucio. La petición es clara: que se cambie el sistema y se regule de forma efectiva a grandes tenedores como Vivenio para proteger el derecho a la vivienda.
En definitiva, se trata de un choque entre el derecho de las familias a permanecer en sus hogares y las estrategias del mercado inmobiliario para maximizar beneficios a costa de la estabilidad y el acceso a vivienda asequible.
