Junts per Catalunya ha puesto el freno al decreto de regularización extraordinaria para migrantes en España. Su mayor queja: la exclusión del catalán como requisito para acceder a la residencia y el caos que esto provocaría en los municipios catalanes.
El catalán fuera de juego
El decreto, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca regularizar a medio millón de inmigrantes que actualmente están en situación irregular. Sin embargo, Junts denuncia que en todo el proceso, ni siquiera los trámites de renovación ni la web oficial están disponibles en catalán. Para ellos, dejar de lado la lengua cooficial no solo es un desaire, sino una "marginación" inaceptable como criterio de integración.
Colapso municipal a la vista
Pero no es solo un tema cultural o lingüístico. La formación que lidera Carles Puigdemont advierte que el decreto podría saturar los servicios municipales catalanes, que se verían desbordados ante la avalancha de solicitudes. Junts critica que el proceso no fue ni corregido ni votado en el Congreso y que, peor aún, traslada toda la gestión y sus problemas a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos ni control.
Un frente común con PP y Vox
Curiosamente, Junts se suma a la crítica de PP y Vox, dos partidos con posturas muy diferentes, para rechazar la iniciativa. Además, plantean una ofensiva política e institucional que incluso podría llegar al ámbito europeo mediante acciones legales que denuncien la vulneración de directivas y la discriminación del catalán.
Respuesta y contexto
El Gobierno, por su parte, defiende que el decreto cuenta con legitimidad social, política y económica, y que tiene el aval de organismos y estudios. Por ejemplo, la patronal Foment del Treball destaca la necesidad de incorporar inmigrantes para evitar la falta de 140.000 trabajadores al año durante la próxima década, lo que afectaría la competitividad.
Mientras tanto, Junts sigue firme, y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, lamenta la falta de reacción del Govern, que considera debería haber plantado cara ante lo que llaman "una barbaridad". La lucha por el respeto al catalán y el control estricto del proceso acaba de empezar.
